Dos padres han presentado una demanda formal contra Epic Games, la empresa desarrolladora de Fortnite. La acusación principal se centra en la manipulación del mercado interno del juego y el supuesto aumento artificial de los precios de ciertos artículos que se adquieren con moneda virtual. Este caso legal, radicado en un tribunal de San Francisco, ha captado la atención del medio especializado Polygon.
Los demandantes sostienen que Epic Games emplea tácticas de manipulación dirigidas a los jugadores, en particular a los menores de edad. Estas tácticas incluyen la introducción de skins y promociones por tiempo limitado. Argumentan que, en muchos casos, tras finalizar el plazo promocional anunciado, los artículos continúan disponibles al mismo precio reducido, lo que invalida la naturaleza de la oferta especial. Los padres señalan que este esquema de descuentos falsos y temporizadores ficticios es ilegal en varias jurisdicciones, y que otras empresas ya han enfrentado consecuencias legales por prácticas similares.
Por su parte, los representantes de Epic Games han rechazado las acusaciones presentadas por los padres. Defienden que Fortnite incorpora diversas medidas de protección para prevenir compras impulsivas por parte de los usuarios. Entre estas medidas, mencionan la necesidad de mantener pulsado un botón durante varios segundos para confirmar una transacción, la posibilidad de cancelar una compra inmediatamente después de realizarla, la gestión automatizada de devoluciones, y la existencia de un modo de control parental con restricciones específicas para jugadores menores de 13 años.
Este no es el primer litigio en el que Epic Games enfrenta cargos por publicidad engañosa y prácticas manipuladoras en la tienda de Fortnite. Previamente, en 2024, un tribunal en los Países Bajos impuso a Epic Games una multa de 1,1 millones de euros por el uso de “temporizadores engañosos” en la tienda y por estrategias diseñadas para incitar a los niños a realizar compras innecesarias. Además, la compañía ya ha pagado una sanción de 245.000 dólares por promover las microtransacciones de manera encubierta.